Chiapas es, históricamente, un estado con altos índices de marginación y desigualdad: tres cuartas partes de la población se encuentra en pobreza y casi un tercio en pobreza extrema (Red TDT, 2017).
Hace 2 años, el 7 de septiembre del 2017, un terremoto con magnitud de 8.2 sacudió la Costa de Chiapas, afectando fuertemente a varios Estados de la República, siendo Chiapas el segundo más dañado después de Oaxaca. Con afectaciones a 122 municipios (Red TDT, 2017), de los cuales 24 fueron declarados en emergencia extraordinaria, destacando las mayores afectaciones en Tonalá, Pijijiapan, Arriaga y Villaflores. En total 60 mil viviendas dañadas, de las cuales 14 mil fueron identificadas como pérdida total (Documental Ambulante A.C., 2017).
En ese ambiente de desamparo y precariedad el Presidente de la República de ese entonces, Enrique Peña Nieto, hizo declaraciones a los medios masivos donde afirmó que los daños a las viviendas si bien habían sido por el fuerte sismo, éstos eran consecuencia de que las viviendas estaban hechas de adobe (Zatarain Karina, 2017). Aquellas declaraciones tuvo efectos tanto en los Censos Federales porque fueron evaluados los daños con un sesgo discriminatorio hacia las viviendas de adobe por encima de las construcciones convencionales, como en la inmediata demolición de las viviendas de adobe con ayuda de los militares, empresas locales y vecinos de la comunidad.Aumentando así el miedo e incertidumbre en las familias afectadas.
Dichas acciones desacreditaron los saberes constructivos vernáculos y tradicionales, atentaron sistemáticamente contra los valores culturales y los modos de vida de los habitantes de la región. Impusieron a modo de “doctrina del shock” la demolición de sus viviendas y el uso de materiales industrializados a las familias afectadas. Condicionándolas a recibir el programa de Gobierno que con discursos asistencialistas que hablan de apoyo o ayuda, y que en lo concreto sólo generan una dependencia hacia el Estado.
