Santiago de Chile yace bajo la humareda hace ya dos meses. En ella se entreveran gases lacrimógenos, gas pimienta y agua del carro lanza-aguas provenientes de las policías represoras del Gobierno que buscan reprimir la manifestación, como también el humo de las barricadas, bengalas e incluso extintores originadas por lxs manifestantes como señal de resistencia ante la violencia y fuerza policial que busca poner fin a la protesta. Transcurren días de cotidiano ajetreo callejero y álgidos ánimos a lo largo de todo Chile, la opinión en las calles es dividida -o eso hace creer el show mediático de los grandes holding de la comunicación-, mucho se habla de “las formas y no formas” de protesta, de la marcha pacífica y de estar de acuerdo con el fondo -las demandas-, pero no así con el “vandalismo” de las manifestaciones.
Reiterativos discursos se entrecruzan en los medios de televisión pública y el Gobierno: “delincuentes, violentistas y actos vandálicos”. Son utilizadas horas de pantalla para hablar de saqueos, robos e incendios y para declaraciones que anuncian una “agenda de seguridad” antes que medidas dirigidas a la construcción de una “agenda social” que ponga freno a las reformas que perpetúan la precarización de nuestras vidas o a soluciones que apunten a cambios estructurales en el sistema de pensiones, salud y educación, por ejemplo.
Pero la tribuna televisiva no habla sobre la violencia estatal, esa que ha dejado a 352 personas con pérdida ocular, que ha asesinado, torturado, violado y hecho desaparecer civiles. En televisión abierta y en la prensa escrita no se narra sobre la sistemática y constante violación a los DD.HH en Chile, no hacen mención que desde el 18 de octubre pasado, ya a más de 60 días del llamado "estallido social", en este territorio cada 3 horas y 20 min. un civil sufre un daño ocular permanente en las manifestaciones a manos de agentes del Estado.
Desde el pasado 7 de noviembre, el Gobierno se ha dedicado a bombardear a la opinión pública anunciando proyectos de ley que no apuntan a resolver a las peticiones de la ciudadanía. Sin reparo y con aquel “carerajismo” que lxs caracteriza, enuncian reformas y leyes hacia una “agenda de seguridad pública”, acentuando que deben ser aprobados con extrema urgencia por el Congreso con el fin de recuperar el orden público y restaurar la "normalidad". Se anuncian proyectos como: Ley antiencapuchadxs, antisaqueos, antibarricadas y, el último, solicitar la cooperación a las FF.AA para resguardar infraestructura crítica sin la necesidad de volver a declarar Estado de Excepción y sin requerir la aprobación del Congreso para ello. Todos apuntan a lo mismo: reprimir y coartar las acciones de protesta del movimiento social mediante la institucionalización de la represión y violencia, legitimada dicha propuesta por lxs mandamases bajo la imposición de la doctrina del miedo: generando, reproduciendo y promoviendo imaginarios constantes de incontrolable “caos y vandalismo”.
Luego de firmar el pacto: “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”, -cocinado entre partidos políticos oficialistas y de “oposición” y sin ningún tipo de participación de las organizaciones sociales gestoras y precursoras del movimiento chilenx-, la respuesta del Gobierno al movimiento social, que permanece movilizado en las calles, ha sido la instauración de políticas que buscan criminalizar la protesta y sus diversas expresiones de manifestación. Piñera y compañía, resguardadxs bajo su discurso que apunta una y otra vez a volver a la “normalidad” y restaurar la paz social, señalan categóricamente que recuperar el orden público y la seguridad ciudadana son los pilares fundamentales para el retorno a la "normalidad" y asegurar la mal llamada democracia. Distrayendo la atención del principal meollo de todo este estallido.
El pasado 4 de diciembre la Cámara de Diputados con 127 votos a favor, 7 en contra y 13 abstenciones aprobó, en general, una serie de leyes que son parte del proyecto que tipifica la alteración de "la paz pública", haciendo específico qué tipo de manifestaciones escaparían de la legalidad y deben ser castigadas con cárcel, este proyecto hace alusión específicamente a determinar cuáles son las formas permitidas de protesta para el Gobierno y sus cómplices.
El comienzo de éstas medidas señala que paralizar o interrumpir un servicio público (de transporte, salud, agua potable, comunicaciones, entre otros) de primera necesidad afectando gravemente su funcionamiento es parte de los actos de manifestación que se constituyen como desorden público, por lo tanto, convocar a actos espontáneos -como la performance de las compañeras de Las Tesis- o marchar sin autorización de la Intendencia tendrá pena de cárcel. Dichas medidas buscan criminalizar el derecho a la libertad de expresión y de organización, donde escaparía de la legalidad actos de protesta como marchar por la Alameda, la principal avenida de la capital, o hacer un llamado a la evasión del transporte público. Así mismo, dentro del proyecto se hace alusión en específico a las barricadas, determinando que constituye desorden público incendiar objetos o utilizar elementos destinados a impedir coactivamente la libre circulación de las personas o vehículos. A estas iniciativas puso freno el Senado, señalando que la comisión de seguridad de dicha institución corregirá esta propuesta desde cero, pero nada asegura que aquellas medidas sean favorables para con el movimiento social.
Y entonces, ¿Cómo expresar el descontento si no es deteniendo el cotidiano que tanto agobio genera? En la misma línea, cabe preguntarnos, ¿qué lectura se desprende de esta serie de medidas que busca promover el Gobierno? Estas buscan delinear márgenes permitidos de una manifestación, negando todo tipo de acción colectiva y espontánea, medidas que demandan una imposición a hacer como si nada pasara. Cuyo principal objetivo es imponer una “normalidad” que significa retomar la máquina de vidas precarias: trabajos explotados, bajos sueldos, privatización de derechos sociales, lógicas extractivistas de explotación de los recursos naturales, perpetuar la relación inquebrantable entre el Gobierno y el empresariado, y suma y sigue.
Durante todo este mes de Revuelta he deambulado de principio a fin la concentración en Plaza de la Dignidad, ex Plaza Italia. La principal avenida de conexión de la capital ya no es la misma, en atmósfera y físicamente, allí -y en buena parte de la capital- todo ha servido como lienzo de manifestación colectiva: paredes, vermas, kioskos, vidrios y hasta paraderos. En Plaza de la Dignidad, y sus alrededores, nada ha vuelto a la "normalidad" como tanto demanda el Gobierno, la Plaza muestra la cara real de Chile: sin áreas verdes, seco, violentado, precario y desigual. La protesta y sus expresiones, plásticas y gráficas, se han tomado buena parte del territorio nacional como simbolismos fundamentales de resistencia a la vuelta a la "normalidad".
Y es que el Gobierno no quiere este tipo de manifestaciones porque deja en claro que nada ha vuelto a su manoseada "normalidad", quiere devolvernos con urgencia a su favorable realidad. Donde no existen vestigios en las calles de barricadas, rallados, escombros y donde todo está falsamente hermoseado, porque no quieren ningún tipo de muestra que simbolice o concrete una expresión disidente a su impositiva idea de "normalidad". Este movimiento no le pertenece al Gobierno, ni a las instituciones, ni a ningún intelectual o dirigente de algún partido político, este despertar es de las masas y no existe ningún instructivo que vaya a delimitar sus expresiones de protesta. Como bien señaló M. Foucault: "Los intelectuales han descubierto, después de las recientes luchas, que las masas no los necesitan para saber; ellas saben perfectamente, claramente, mucho mejor que ellos y además lo dicen muy bien. Sin embargo existe un sistema de poder que intercepta, prohíbe, invalida ese discurso y ese saber".
La barricada, la marcha, la performance, los rayados y la evasión al transporte son expresiones fundamentales de manifestación, son reflejo del despertar colectivo, materializado por su acción conjunta. Cada expresión dentro de las manifestación significa poner la cuerpa en la lucha, ya sea en la barricada, en primera línea, en la performance, y ningún tipo de regulación legal delimitará formas permitidas de protesta. Lo que está ocurriendo en esta larga y angosta faja de tierra es acuerpamiento colectivo, acuerpar y hacer propio el despertar de un territorio cansado de la vorágine neoliberal, colonial y patriarcal. En Chile se levanta el clamor popular.
 |
| Por: Felipe Mardones (*) |
 |
| (*) |
 |
| (*) |
 |
| (*) |
 |
| (*) |
 |
| (*) |
 |
| (*) |
No hay comentarios.:
Publicar un comentario